Beneficios que traen los Acuerdos de Paz en la Educación

La paz no ha sido una tarea tranquila ni manejable para Colombia. Las guerras civiles han llegado a definir la dinámica política interna de Colombia, sin tener en cuenta su larga regla constitucional y transferencias democráticas de poder. 

El estado ha tenido nueve guerras civiles documentadas, en las que diferencias políticas son el centro de las batallas. La mayoría de las guerras se han librado por

poder gubernamental en la capital de Bogotá en nombre de la ideología conservadora por una parte y la ideología liberal por la otra, no dando espacio a otras narrativas políticas para ganar la tracción en el gobierno.

Beneficios de los Acuerdos de Paz en la Educación

Cuando la paz oficial inicie su viaje en Colombia, la sociedad civil jugará un papel vital para garantizar la longevidad de la paz. La educación, como parte integral de la sociedad civil, es fundamental para la creación de una Colombia libre de guerra. 

La guerra ha sido capaz de perturbar la mayoría intentos de expandir la educación a todos los rincones de la nación, como varios intentos del gobierno de Bogotá, junto con las autoridades locales, que han sido lentos en su deseo de resultados. 

Los enfoques neoliberales de la educación han sido el principal instrumento de mitigación del gobierno, por lo que, el potencial educativo de Colombia se ha visto atrofiado por las grandes incongruencias creadas a través de acuerdos estructurales económicos.

En los últimos años, la educación colombiana ha  sido en su mayoría privatizada o entrelazada con instituciones privadas. Esto ha llevado a la educación privada a ser la norma para las zonas urbanas más prósperas. 

En línea con las tendencias regionales que se inclinan hacia la privatización de la educación, la empresa privada y las organizaciones internacionales sin fines de lucro desempeñan un papel fundamental en las iniciativas de educación que se desarrollan en las zonas controladas por las ex FARC. 

El Poder Estabilizador de la Educación

El gobierno colombiano reconoce el papel estabilizador de la educación para lograr la paz sostenible, especialmente en las zonas ex-FARC. Por ello, para que la educación tenga el efecto duradero deseado en la paz colombiana, es necesario un análisis profundo de las estrategias y políticas gubernamentales para el desarrollo de la información vital. 

La información ayuda al pueblo colombiano, tanto al estado como a la sociedad civil, para comprender críticamente el valor que se le da a este aspecto clave de la vida nacional  como lo es la estabilidad.

Actualmente existen tres nodos alrededor de los cuales la mayoría de las investigaciones centran sus posturas  sobre la  educación posconflicto, como son lo político-económico, étnico-cultural y respuesta a emergencias. 

El aspecto considerado como de mayor interés, se centra en los aspectos político-económicos de la educación en las zonas de posconflicto. Las asociaciones entre el sector privado y el público son una gran e importante porción de este campo.

Dentro de la literatura de economía política, hay un gran y bien establecido cuerpo de investigación que ve la ausencia de la educación, o las oportunidades educativas inadecuadas como directamente relacionadas con los indicadores económicos. 

Se investiga así mismo, la correlación entre la educación política y el conflicto violento. Encontrándose que, la educación no afecta directamente al conflicto violento, pero afecta a otros aspectos del conflicto, por ejemplo la edad media de los militantes que toman las armas y la creación de posibles alternativas no violentas para los jóvenes.

Sin embargo,  se han notificado bajos niveles de alfabetización, predominantemente en las zonas de conflicto. El abandono ha sido el principal problema en la educación colombiana debido a la descentralización y a un gasto desproporcionado en la misma. 

El desorden y el carácter desorganizado del sistema escolar público es evidente en todo el país. Por lo que, en respuesta a los bajos niveles de adecuación educativa, la escuela privada ha proliferado, el sistema es abundante y preferido en toda Colombia, independientemente de la situación socioeconómica.

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Políticas educativas previas a los acuerdos finales

La política educativa en Colombia ha sufrido varios retos y cambios. La gestión de la educación pública se dejó en un principio a la Iglesia Católica y más tarde a los conservadores, que estructuras de gobierno bajo la primera y más larga constitución de la nación (1886-1991).

Bajo esta constitución y manejada por la mayoría conservadora la educación elemental era gratuita pero no obligatoria, regulada por la Iglesia Católica y dejado a su prerrogativa. 

Como se esperaba, las zonas rurales de la  nación tenían un presupuesto menor que sus homólogos urbanos, por lo que la discrepancia en la educación se puso de manifiesto. La financiación obligó a las zonas rurales a aplicar tres años de matrícula obligatoria en la escuela primaria, comparable a los seis años de matriculación urbana. 

El centro de Colombia se dirigió hacia una estructura neoliberal de su gobierno con la esperanza de hacer de Colombia el candidato óptimo para la inversión privada y los préstamos internacionales. 

En este período, el gobierno central transferiría parte de su poder a los municipios más pequeños y providencias a través de la nación, haciendo sólo políticas en blanco en la capital y dejando la aplicación a los pequeños gobiernos regionales

Políticas educativas post acuerdos de Paz

El modelo descentralizado de educación sigue siendo válido hoy en día, evidente en la Visión 2019. Creado por el Ministerio de Educación, se diseñó como metas para el sistema educativo de Colombia que se completarán lo que, supuso un mosaico de influencias en todos los niveles de la educación con el fin de captar en la realidad de las necesidades del país. 

Se habla de la expansión educativa y la matriculación de estudiantes como métodos de fortalecimiento de la educación. No obstante, esas conversaciones se celebraron con los proyectos constitucionales o reglamentos nacionales para reducir el gasto público en educación, regulando a favor de la educación privada, incluyendo escuelas subvencionadas o alquiladas con el apoyo económico de la administración pública.

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